Anoche apareció como titular en los diarios cordobeses lo siguiente: “CORDOBA, STA. ROSA DE CALAMUCHITA: Un juez de Faltas concede el derecho a no usar casco.” (http://www.concienciavial.com/contenido.php?idnoticia=5808). Hoy la noticia repicó en todos los medios nacionales y se generó el gran debate. Innecesario debate.

Desde ya no comparto el fallo y creo que vuelve a fallar la capacitación que deben demostrar, previo a ser designados en sus cargos, los funcionarios públicos dedicados a la materia del tránsito.  Es cierto que una gota de agua en el desierto no genera un oasis, pero muchos infractores crónicos chuparán de esa gota aunque mantengan la sed.

A mi entender el Juez de faltas municipal tiene la facultad de aplicar las Ordenanzas vigentes en materia de tránsito, supliendo sus falencias en la ley provincial y luego en la nacional de la materia. Tanto la ordenanza municipal de su jurisdicción como las leyes de mayor jerarquía citadas, sancionan el no uso del casco por los motociclistas al circular a bordo de dichos vehículos. La sociedad, no solo local, sino internacional, acepta dicha regla de conducta como medida previsora que permite disminuir el grado de lesiones en un presunto siniestro vial.

Con su fallo genera más confusión social en la aplicación de los correctivos legales a las inconductas en el uso de la vía pública. No es cierto que, como dice en su fallo, el no uso del casco no genera perjuicios a terceros, toda vez que si por cualquier razón resulta el motociclista lesionado o muerto, por su falta de uso,  en  un siniestro vial con participación de terceros, éstos ven afectada su vida en un proceso judicial, cuando no sus bienes o su libertad.

Sólo los infractores crónicos abonan la teoría de que prevalece el derecho individual sobre el derecho colectivo.  

Por suerte, Santa Rosa de Calamuchita tiene un Intendente que en la fecha demostró todo su compromiso con la seguridad vial: termina de vetar el fallo de ese Juez de Faltas  y según versiones periodísticas analiza la remoción del mencionado funcionario. Lo lamentable es que siendo la sentencia de octubre del 2009, haya provocado el veto cuando la situación tomó estado periodístico. Pasaron casi seis meses. Me pregunto que habría hecho el Intendente si la cosa no salía del ámbito oficial. Lo que debió hacer el Juez de Faltas era solicitar a la Justicia Ordinaria que declare la inconstitucionalidad de la ordenanza y de la leyes de tránsito, usando los argumentos del su fallo. 

Con jueces como éste la anarquía en la vía pública está garantizada.